Tengo pendiente una larga conversación con una vieja amiga que ha vivido la mayor parte de su vida en una ciudad de la costa atlántica.
Sin embargo, en el correo en donde me dice que acepta y desea esa conversación me recuerda muy claramente lo que sucedía en esas regiones antes de la llegada de los paramilitares.
¿Era ese el único camino posible?. Con asesinatos, despojos de tierra, aprovechamiento de los recursos públicos, narcotráfico?. Definitivamente no lo era, pero los gobernantes de las dos décadas anteriores hicieron creer a la gente que el único camino para vencer a la guerrilla y para derrotar a la corrupción era por un camino fuera de la ley.
Nunca podré olvidar lo que sucedió en las elecciones de Congreso de 2002 y en las territoriales de 2003. De la noche a la mañana, personas sin gran trayectoria resultaron elegidos al Congreso. Y otros incrementaron de manera sustancial su votación.
En el momento de iniciar su negociación los paramilitares no estaban derrotados en el terreno militar y mucho menos en el político. Pero, con el paso del tiempo han ido perdiendo terreno ante la opinión pública cuando se hicieron evidentes todos sus horribles desmanes.
¿Quién tiene la culpa de estos crímenes?. Además de sus autores materiales e intelectuales, buena parte de la responsabilidad le cabe a sectores de la sociedad colombiana. Probablemente no alcancemos a saber quienes fueron todos los instigadores por acción u omisión. Nadie me puede negar que en muchas mesas de reuniones los presentes justificaban esas atrocidades.
Los colombianos creímos que el camino de la violencia era posible para solucionar los problemas que nos aquejan. ¿Qué decir de las guerrillas y sus ideólogos urbanos que siempre han justificado el odio y la violencia?.
Después de arrepentirnos, tenemos que creer firmemente en que solo la institucionalidad emanada de las leyes nos salvarán. En los momentos actuales todavía estamos lejos de eso porque solamente creemos en el presidente pero no en el Estado.
La Corte Suprema de Justicia que había estado enfrascada en inútiles disputas con otras corporaciones de justicia, ha intentado dar un ejemplo y marcar una pauta. ¿Será que el aparato jurisdiccional sigue esa pauta? No parece.
¿Y qué pensar de la Fiscalía General de la Nación?
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