Muchas veces los administradores públicos y privados tienen que ocupar todo su tiempo en los asuntos macro porque en muchos casos de ellos depende la subsistencia y viabilidad de muchas instituciones. Y dejan los pequeños asuntos, lo que tienen que ver con el ciudadano, en manos de mandos medios o bajos, sin ningún sentido de economía, celeridad y respeto a la persona.
En Colombia, aunque la ley diga otra cosa, se presume siempre que el ciudadano es tramposo. Y tenemos un número muy grande de ese tipo de personas pero todavía están muy lejos de ser la mayoría.
Periódicamente algún gobernante lleno de buenas intenciones logra la expedición de una ley o un decreto para agilizar los trámites ante el estado. Al poco tiempo esas normas se interpretan desfavorablemente para el ciudadano y hay que esperar una nueva reglamentación.
Vamos a dar unos pocos ejemplos para mostrar la ineficiencia de algunos servicios del estado y el poco interés por las necesidades del ciudadano.
Y comenzaremos con un ejemplo tonto. Si usted se va a vincular con el estado tiene que presentar certificaciones de la Contraloría y Procuraduría para demostrar que contra usted no hay procesos o sanciones. La Contraloría Nacional expide ese documento en sus propias oficinas de manera muy rápida y gratuitamente. En cambio la Procuraduría ha decidido cobrar por ese trámite y para ese fin hay que hacer filas en un banco por más de una hora para pagar tres mil pesos. Y superado el tedio y la rabia de esas filas inútiles, ir a una oficina alquilada para ese fin para que le entreguen a uno un papel de seguridad con la información. ¿Cuánto le cuesta al estado la necedad de un funcionario desconfiado que exigió papel de seguridad? Y la gente que tiene que padecer eso no importa.
Pero veamos algo mucho más importante como es el proceso electoral colombiano. Entre ocho de la mañana y cuatro de la tarde un número importante de ciudadanos tiene que permanecer frente a cada urna de votación para asegurar la transparencia del proceso electoral. Y una vez cerrada la votación, a la temprana hora de las cuatro de la tarde, hacer el proceso de conteo y escrutinio de cada mesa. ¿Cuánto le cuesta a la nación este tremendo desperdicio? Me dirán que es un deber ciudadano servir de jurado electoral. Pero me pregunto si tiene lógica en esta época de la información. A todas esas personas que intervienen en el proceso del domingo de elecciones hay que darles una compensación en su trabajo. ¿Cuánto cuesta eso?. No entiendo por qué no hace un proceso rápido de modernización y sistematización de las elecciones. Algunos periodistas se sienten satisfechos porque la información está disponible muy rápidamente y ya no hay que esperar hasta altas horas de la noche para conocer los resultados.
Y si un joven ciudadano se acerca a la Registraduría para ejercer su deber y derecho de obtener su cédula de identidad recibe la respuesta de que regrese dentro de diez días porque siguen muy ocupados con las elecciones.
¿Y que pensar por ejemplo de las obras de Metrolínea en Bucaramanga? No se les ocurrió pensar en el ciudadano. Había que abrir todos los huecos posibles y comenzar a hacer obras a paso de tortuga.
Es que en este país nadie piensa en los demás, solamente en la propia conveniencia. En otra ocasión podríamos mostrar ejemplos similares de la empresa privada.
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