En los últimos años hemos intervenido de manera activa en los procesos de veeduría. Pero con la experiencia que tenemos en esta materia debemos afirmar que las veedurías se hacen bien, a fondo y con todas sus consecuencias, o no se hacen.
Y hacerlas bien demanda dinero, firmeza en las convicciones y persistencia. Justamente eso es lo que nos falta casi siempre.
Creo que un mejor camino sería el de hacerle a los funcionarios públicos que terminan su mandato un “juicio de residencia” parecido al que le hacía la Corona española a sus altos funcionarios.
Y es que es sencillo. Lo primero es comparar las declaraciones de impuestos de los últimos años antes, durante y una vez termine su mandato. Quien no justifique sus incrementos patrimoniales tendrá que ir a prisión. Y esto debe incluir a familiares cercanos y a empresas donde el funcionario o familiares tengan aportes de capital. Si se disfruta de un bien mueble o inmueble que pertenece a un tercero se deberá demostrar el arreglo contractual acorde con acuerdos similares en el marcado. Y hay muchas más herramientas que se pueden utilizar.
Lamentablemente la sanción social es muy débil. Se acepta que un funcionario reciba comisiones si puede mostrar realizaciones. Se dice con tranquilidad: “roba pero hace”.
No me resisto vivir en un país que no quiere cambiar y que acepta como normales casi todas las aberraciones que impiden el desarrollo y bienestar de la mayoría de la gente.
Será que en cada cabeza de Distrito Judicial podemos tener un par de Jueces que comiencen a actuar con energía y determinación? Si nuestros honorables magistrados siguen el camino que está trazando la Corte Suprema de Justicia, se podrán afinar muchos mecanismos penales para perseguir a los corruptos.
miércoles, marzo 14, 2007
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