Por ningún motivo se pueden detener las investigaciones de la Corte Suprema y la Fiscalía en relación con los políticos que se beneficiaron por sus alianzas con los paramilitares. Es más, hay que urgir, comedidamente, pero firmemente para que avancen investigaciones que hoy parecen detenidas.
¿Qué hay de lo esbozado sobre el departamento de Santander? Todo quedó en unas cuantas renuncias? No puede ser, definitivamente no.
Verdad, Justicia y Reparación son las palabras claves. Sin conocer toda la verdad, sin hacer justicia con todas sus consecuencias y sin hacer reparaciones individuales y colectivas no será posible conseguir nuevos consensos sobre el destino del país.
Todos los que creyeron que con la muerte, el secuestro, el tráfico de drogas, el desplazamiento forzado y muchos otros delitos tendrán que ser severamente castigados. El perdón tendrá que existir pero no para los casos graves. Algunos de esos delincuentes están en las selvas y otros están agazapados esperando a que la marea baje y puedan pasar desapercibidos.
Bienvenidas las propuestas, todas. Con algunas estaremos de acuerdo y con otras discreparemos. Hay que escuchar a todo el mundo. No es fácil salir del problema. Dejamos que avanzara esta visión mafiosa y cortarla será muy doloroso porque ha hecho metástasis en casi toda la sociedad.
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lunes, abril 28, 2008
sábado, mayo 26, 2007
¿De verdad?
Muchos en Colombia sostienen que no seríamos capaces de sobrevivir si tuviésemos que enfrentarnos con la cruel verdad. Quizás saben mucho o tal vez no quieren que se sepan más detalles de la triste realidad.
Pero a la mayoría de los colombianos nos aclararían muchas cosas. Muchos empresarios exitosos dejarían de serlo, muchos maridos intachables perderían su fama. Y muchos que van a misa y se dicen cristianos de fe quedarían en evidencia frente a sus comportamientos.
Y otros, que probablemente no han sido valorados, podrían retomar un lugar importante en la sociedad.
¿Y cuál es la verdad? La verdad procesal o sea a la que se llega en un proceso después de cotejar y valorar las pruebas? O un verdad social en el sentido de que la sociedad se ponga de acuerdo en reconocer y aceptar ciertos hechos como ciertos?
El asunto no es fácil porque no podemos dejar atrás a la legislación penal local e internacional. Pero, unos y otros, tendremos que dejar de justificar o explicar todas las barbaridades que se han cometido en los últimos años. El si me matan, mato, si me roban robo, si me secuestran desaparezco no puede continuar.
No es fácil encontrar la verdad en Colombia. Hay demasiados intereses, demasiado dinero en juego. Además estamos acostumbrados a mentir, a vivir de apariencias.
Si el negocio del tráfico de estupefacientes perdiera su atractivo o se desplazara a otro lugar, sería quizás más fácil. Pero seguimos dando esa lucha inútil.
Creo que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, la corrupción persiste porque los infractores en lugar de ir a la cárcel se vuelven candidatos.
Y nuestro sistema de justicia tiene muchos problemas. La legislación parece elaborada para favorecer a los pícaros y nuestros funcionarios judiciales de todo nivel no pueden o no quieren entender las exigencias de celeridad que plantean las actuales circunstancias.
En plena crisis del Tratado de Libre Comercio nuestro Fiscal General estaba en los Estados Unidos buscando recursos para la vital organización que preside. La escasez de dinero debe ser muy delicada porque como se ha podido observar después, el problema que tiene Colombia en ese país tiene mucho que ver con la poca credibilidad que tienen en nuestro sistema penal.
Ante todos estos problemas no podemos cruzarnos de brazos y entregarnos a la fatalidad. Hay que seguir apostando porque Colombia asuma su responsabilidad en el problema de violencia de los últimos sesenta años.
Pero a la mayoría de los colombianos nos aclararían muchas cosas. Muchos empresarios exitosos dejarían de serlo, muchos maridos intachables perderían su fama. Y muchos que van a misa y se dicen cristianos de fe quedarían en evidencia frente a sus comportamientos.
Y otros, que probablemente no han sido valorados, podrían retomar un lugar importante en la sociedad.
¿Y cuál es la verdad? La verdad procesal o sea a la que se llega en un proceso después de cotejar y valorar las pruebas? O un verdad social en el sentido de que la sociedad se ponga de acuerdo en reconocer y aceptar ciertos hechos como ciertos?
El asunto no es fácil porque no podemos dejar atrás a la legislación penal local e internacional. Pero, unos y otros, tendremos que dejar de justificar o explicar todas las barbaridades que se han cometido en los últimos años. El si me matan, mato, si me roban robo, si me secuestran desaparezco no puede continuar.
No es fácil encontrar la verdad en Colombia. Hay demasiados intereses, demasiado dinero en juego. Además estamos acostumbrados a mentir, a vivir de apariencias.
Si el negocio del tráfico de estupefacientes perdiera su atractivo o se desplazara a otro lugar, sería quizás más fácil. Pero seguimos dando esa lucha inútil.
Creo que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, la corrupción persiste porque los infractores en lugar de ir a la cárcel se vuelven candidatos.
Y nuestro sistema de justicia tiene muchos problemas. La legislación parece elaborada para favorecer a los pícaros y nuestros funcionarios judiciales de todo nivel no pueden o no quieren entender las exigencias de celeridad que plantean las actuales circunstancias.
En plena crisis del Tratado de Libre Comercio nuestro Fiscal General estaba en los Estados Unidos buscando recursos para la vital organización que preside. La escasez de dinero debe ser muy delicada porque como se ha podido observar después, el problema que tiene Colombia en ese país tiene mucho que ver con la poca credibilidad que tienen en nuestro sistema penal.
Ante todos estos problemas no podemos cruzarnos de brazos y entregarnos a la fatalidad. Hay que seguir apostando porque Colombia asuma su responsabilidad en el problema de violencia de los últimos sesenta años.
miércoles, marzo 28, 2007
¿Se puede renunciar a un fuero?
Anoche cuando me disponía a ver el debate sobre la privatización de las Electrificadoras, nos sorprendieron a los televidentes con la renuncia a su curul por parte del senador Álvaro Araújo Castro. Sobre este tema quiero hacer algunas consideraciones.
Los congresistas de Colombia, en razón a su investidura, tienen un fuero especial y son juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
El senador Araújo cree que la Corte no le está dando un tratamiento justo y por eso renuncia para que su caso pase a la jurisdicción ordinaria. Además, afirma que en la justicia ordinaria los sindicados tienen el derecho a apelar la sentencia y eso no ocurre con los juzgamientos de la Corte Suprema de Justicia.
Todos los congresistas, de una u otra manera, coincidieron en que dado su carácter irrevocable la renuncia tenía que ser aceptada. Algunos expresaron su gran preocupación porque al aceptar esa renuncia en los términos en que se expresó implicaba darle la razón a Araújo en las motivaciones de su decisión.
Uno de ellos, que presumo sea penalista, argumentó algo mucho más inquietante que lo que dijo el dimitente. Dijo que había que aceptar la dimisión porque el senador Araújo tiene el derecho a someterse al soberano principio de la favorabilidad y por eso renunciaba al fuero especial.
El autor de estas letras que no es experto en derecho penal pero que tiene sentido común y recuerda las clases que recibió en la universidad piensa de otra manera.
Los congresistas tienen un fuero especial para protegerlos pero también para protegerse de ellos. Con la Corte tienen un Juez que no se va a dejar intimidar de terceros y tampoco del acusado. Pero en lo demás, el derecho sustantivo y procedimental no es distinto al de otro ciudadano. En otras palabras, el acusado no va a ser juzgado por normas distintas si pasa a la justicia ordinaria.
Creemos que al fuero no se puede renunciar porque sería burlar uno de los criterios que llevaron al constituyente a establecerlo. Un Juez colegiado en la capital representa mejor a la nación y al estado frente a un Congresista poderoso, que un Juez de un circuito cualquiera.
Si a una persona le parece que el juez o fiscal que adelanta su caso no está cumpliendo con su deber tiene varios caminos para hacer respetar sus derechos. Puede denunciarlo, recusarlo etc.
Vamos a ver la decisión que toma la Rama Jurisdiccional cuando venga la segura avalancha de renuncias de los congresistas que han sido privados de la libertad por la Corte Suprema de Justicia. ¿Tolerará ese intento de descrédito nuestra Corte?.
Los congresistas de Colombia, en razón a su investidura, tienen un fuero especial y son juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
El senador Araújo cree que la Corte no le está dando un tratamiento justo y por eso renuncia para que su caso pase a la jurisdicción ordinaria. Además, afirma que en la justicia ordinaria los sindicados tienen el derecho a apelar la sentencia y eso no ocurre con los juzgamientos de la Corte Suprema de Justicia.
Todos los congresistas, de una u otra manera, coincidieron en que dado su carácter irrevocable la renuncia tenía que ser aceptada. Algunos expresaron su gran preocupación porque al aceptar esa renuncia en los términos en que se expresó implicaba darle la razón a Araújo en las motivaciones de su decisión.
Uno de ellos, que presumo sea penalista, argumentó algo mucho más inquietante que lo que dijo el dimitente. Dijo que había que aceptar la dimisión porque el senador Araújo tiene el derecho a someterse al soberano principio de la favorabilidad y por eso renunciaba al fuero especial.
El autor de estas letras que no es experto en derecho penal pero que tiene sentido común y recuerda las clases que recibió en la universidad piensa de otra manera.
Los congresistas tienen un fuero especial para protegerlos pero también para protegerse de ellos. Con la Corte tienen un Juez que no se va a dejar intimidar de terceros y tampoco del acusado. Pero en lo demás, el derecho sustantivo y procedimental no es distinto al de otro ciudadano. En otras palabras, el acusado no va a ser juzgado por normas distintas si pasa a la justicia ordinaria.
Creemos que al fuero no se puede renunciar porque sería burlar uno de los criterios que llevaron al constituyente a establecerlo. Un Juez colegiado en la capital representa mejor a la nación y al estado frente a un Congresista poderoso, que un Juez de un circuito cualquiera.
Si a una persona le parece que el juez o fiscal que adelanta su caso no está cumpliendo con su deber tiene varios caminos para hacer respetar sus derechos. Puede denunciarlo, recusarlo etc.
Vamos a ver la decisión que toma la Rama Jurisdiccional cuando venga la segura avalancha de renuncias de los congresistas que han sido privados de la libertad por la Corte Suprema de Justicia. ¿Tolerará ese intento de descrédito nuestra Corte?.
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